• El Dr. Miguel Caro, también coordinador de CENEPU UMCE, abordó el débil enfoque pedagógico presente en el actual sistema de educación pública y planteó la necesidad de avanzar hacia un fortalecimiento de sus fundamentos formativos.

Texto por: Tatiana Cárcamo, Comunicaciones CENEPU

El académico y coordinador del Centro de Experimentación Pedagógica (CENEPU) de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), Miguel Caro Ramos, expuso el lunes 13 de octubre ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas del Congreso Nacional, en el marco de la discusión del proyecto de ley que busca modificar la Ley 21.040, normativa que regula el Sistema de Educación Pública en Chile.

Durante su intervención, el académico abordó el débil enfoque pedagógico presente en el actual sistema de educación pública y planteó la necesidad de avanzar hacia un fortalecimiento de sus fundamentos formativos. “Tuve la posibilidad de hacer una presentación referida a una serie de debilidades que tiene la ley y que el proyecto no logra subsanar, principalmente por la existencia de un sistema de educación pública con un débil foco pedagógico”, señaló Caro Ramos.

El coordinador del CENEPU destacó que, si bien la Ley 21.040 introdujo instancias que no existían en el sistema municipal, estas “requieren una línea de profundización respecto de lo pedagógico, que no está muy presente en el nuevo sistema público”. Añadió que los principios declarativos de la ley —formación integral, participación, ciudadanía, convivencia— carecen aún de mecanismos concretos que permitan su aplicación efectiva en las escuelas.

Promulgada en 2017, la Ley 21.040 creó el Sistema de Educación Pública, reemplazando la administración municipal por los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), con el propósito de fortalecer la educación estatal y mejorar su calidad, equidad y gestión. No obstante, desde su implementación, el sistema ha enfrentado dificultades significativas, entre ellas procesos de traspaso complejos, deficiencias de financiamiento y falta de claridad en las condiciones laborales del personal docente y asistente.

En su presentación, el coordinador de CENEPU subrayó que la educación pública no puede limitarse a cumplir estándares de aprendizaje académico, sino que debe “abordar su naturaleza vinculada a los fines y valores públicos, al desarrollo integral del país y a la atención de una población escolar diversa, fuertemente segregada y en condiciones de precarización de la vida”.

El académico propuso un conjunto de indicaciones al proyecto de ley orientadas a:

• Fortalecer los fines y particularidades de la educación pública, destacando su carácter formativo integral, contextualizado y orientado a la vida.
• Promover la pertinencia territorial y cultural, mediante el impulso de proyectos educativos territoriales que reconozcan la diversidad de contextos.
• Reforzar la articulación en red entre escuelas y docentes, promoviendo la participación del profesorado en alianza con universidades públicas.
• Incorporar la dimensión pedagógica en los diagnósticos previos al traspaso de establecimientos a los SLEP, junto con la participación activa de docentes.
• Revisar los criterios de nombramiento de directores ejecutivos y equipos técnicos de apoyo, priorizando la experiencia y conocimiento en el sistema escolar.
• Asegurar la vinculación efectiva entre proyectos educativos institucionales y desarrollo curricular, evitando que los principios de la ley queden en meras declaraciones.
• Profundizar la descentralización y articulación territorial, incluyendo un ámbito educativo explícito en los proyectos financiados por los gobiernos regionales.

“Todas estas propuestas no requieren mayores recursos, sino una voluntad normativa que fortalezca las facultades y fines del sistema”, enfatizó Caro Ramos. “Si no se refuerza el componente pedagógico, corremos el riesgo de que el cambio sea meramente administrativo, y la nueva educación pública no tenga mucho de nuevo, reproduciendo los problemas que ya se observaban en la educación municipal”.

Desde CENEPU-UMCE, el académico destacó la importancia de seguir aportando al debate público y legislativo desde una mirada pedagógica y territorialmente situada, que recupere el sentido transformador de la educación pública como derecho social, bien común y espacio de construcción democrática.