“Como educadoras que trabajamos en el ámbito de la primera infancia consideramos que es de crucial importancia abrir espacios de expresión y dar cabida a todas las voces sin excepción", señalaron sus organizadoras. 

Luego de que casi 200 personas han sufrido pérdida ocular, el CRUCH -a través de una declaración pública-, sostuvo que el “orden público no es un sistema de coacción física de hecho sobre la población ni puede garantizarse mediante la lesión física masiva, porque ello representa el orden del miedo y una violación sistemática a los derechos humanos”. Los rectores emplazaron a la autoridad política a prohibir absolutamente el uso de estos elementos y presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, para que la policía uniformada se abstenga por completo de utilizar escopetas antidisturbios y sus municiones durante movilizaciones pacíficas.

Hasta la fecha, los jóvenes provienen de liceos ubicados en las comunas de San Ramón y Ñuñoa.

Miércoles, 06 Noviembre 2019 22:50

Comunicado Red de apoyo UMCE en salud mental

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Trabajo colectivo se ha extendido desde la semana pasada, “para compartir información, hacer comunidad, trabajo conjunto y consciente del momento que estamos viviendo y construyamos a partir de eso. Más aún considerando nuestro rol como educadores", señalan miembros de la comunidad. 

La declaración es suscrita por 170 académicos y académicas de instituciones de todo el país

 

Facultad de Filosofía y Educación

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

(UMCE, Ex - Pedagógico)

Declaración Pública

En consonancia con su vocación pública y su compromiso con el bienestar común de los ciudadanos del país, la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE, Ex - Pedagógico) declara lo siguiente:

En primer lugar, la Facultad en su conjunto condena la criminalización de la movilización social (expresada en prácticas como el señalamiento de un “Estado de Guerra”, la presencia de militares en las calles y la declaración del Estado de Emergencia y Toque de Queda). De igual forma, la Facultad condena enérgicamente la vulneración y quebrantamiento de los Derechos Humanos que, a partir de lo señalado por múltiples y diversas instituciones, entre ellas el INDH, se ha podido evaluar en el accionar del Gobierno (considerando su rol respecto del Ejército y las Fuerzas de Orden y Seguridad). Como Facultad, cabe destacarlo, nos entendemos también como agentes activos en el cuidado y protección de los DD.HH.

En segundo lugar, y atendiendo a lo recién enunciado, la Facultad declara su apoyo a la transversal manifestación social que actualmente está llevándose a cabo en nuestro país. Dicho apoyo se sustenta en el reconocimiento de que ella constituye, en primer término, la expresión legítima de una sociedad que se entiende como democrática, y, en segundo término, que ha visibilizado un modelo de desarrollo donde priman las inequidades socioeconómicas, donde no hay protección de derechos fundamentales y que ha impuesto una concepción de la democracia que ha hecho de la política un ejercicio burocrático con escasa participación ciudadana.

En tercer lugar, debe señalarse que la situación antes descrita evidentemente no nos deja indemnes como Facultad, en la medida en que tal modelo de desarrollo ha venido traduciéndose en políticas educativas que han mermado sistemáticamente la protección y el fomento de las Universidades del Estado, coartando así su originaria y fundamental vocación pública. Desde esta perspectiva, y atendiendo a nuestra misión y objetivos fundamentales, hacemos un llamado a las autoridades para que, en conjunto con las Universidades del Estado, coordinemos instancias de trabajo participativo que permitan discutir y definir los cambios estructurales que se requieren para su fortalecimiento y su necesaria transformación.

Como Facultad de Filosofía y Educación estimamos que este llamado supone, en último término, que el Gobierno y los diversos sectores políticos y agentes sociales concreticen planes de acción que permitan canalizar y llevar a buen puerto aquello que la sociedad, luego de años de acumulación de malestar, ha evidenciado como tarea primordial, a saber: la creación de una nueva Constitución Política para Chile.

 

 

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