El aumento de la violencia en La Araucanía, o con más precisión el aumento de la visibilidad que esta violencia ha alcanzado en los medios de comunicación tradicionales en las últimas semanas y meses, más que hablar de una intensificación del conflicto entre comunidades mapuche movilizadas y el Estado de Chile, parece evidenciar una crisis en el modelo de relaciones interétnicas racializadas. Hablamos de un modelo fundamentado en la ocupación territorial y expresado en la exclusión política, económica y cultural del pueblo Mapuche como condición constitutiva del Estado-nación.
El despojo y la exclusión no están singularmente asociadas a los mapuche, sino que han caracterizado la experiencia histórica de los pueblos indígenas en el territorio nacional desde la instalación de la república, con consecuencias que van desde la desestructuración territorial y política hasta el extermino físico de estos pueblos, pasando por lo que Rafael Tuki –refiriéndose al caso Rapa Nui– llama “genocidio silencioso”. Para la sociedad en general, las consecuencias han tenido que ver fundamentalmente con la construcción de una identidad fragmentada y eurocéntrica, muchas veces excluyente de lo que diverge de los valores hegemónicos, y remisa a aceptar la diversidad como valor social.
En Chile hay racismo hacia los pueblos indígenas y hacia las comunidades migrantes, una brecha social que está naturalizada y enraizada a nuestra sociedad en todas sus dimensiones, y que cobra particular relevancia en el ámbito educativo, ya que este es, o al menos debería ser, el lugar donde nos juntamos a construir sociedad. Por esta razón se hace imprescindible reflexionar en torno al lugar de la educación, específicamente universitaria, en la construcción de relaciones que posibiliten pensar una ciudadanía efectivamente intercultural, con la potencialidad de subvertir las relaciones de hegemonía y subalternización que se evidencian, por ejemplo, en el conflicto chileno-mapuche.
Durante las últimas décadas hemos sido testigos de la violencia ambiental, cultural y de vulneración de Derechos Humanos en territorio mapuche. Esta situación durante los últimos meses ha generado gran debate, puesto que la dominación racial del Estado chileno no ha dejado de desplegarse, al igual que el impacto de las presiones del mercado neoliberal.
Sin embargo, vale decir que esta violencia es la expresión explicita y pública de otra violencia, una mucho más callada y permanente que habita en las salas de clases, en las representaciones mediáticas, en las exclusiones (o inclusiones folklorizadas), en los debates académicos y en los espacios de toma de decisión que atañen a toda la sociedad. Es, en su extremo más silente, una violencia epistémica que opera excluyendo los saberes y los modos de hacer las cosas que no se corresponden con las lógicas hegemónicas ni con las agendas de los grupos de poder. En tanto se concretiza en la exclusión de esos modos de ser y de hacer de los espacios de construcción de ciudadanía y toma de decisiones, es también violencia política.
Es violento que un niño o niña mapuche no tenga posibilidad de reconocerse en la escuela, que lo que él o ella trae desde su familia y su comunidad sea invisible o invisibilizada; es violento que en las clases de historia se le hable de su pueblo siempre en pasado; es violento que la inclusión de aspectos relativos a su cultura se haga a costa de la exclusión de elementos profundamente valorados por sus miembros en el presente, como lo es la relación con el territorio y la urgencia asociada a su recuperación. Es especialmente violento que en lo cotidiano todas estas violencias sean mayormente invisibles para quienes no formamos parte de la cultura mapuche.
En el contexto actual de violencia explícita contra el pueblo Mapuche, es necesario reconocer también esta violencia implícita. Para quienes no somos mapuche, es particularmente importante hacerlo desde un lugar de aceptación de lo que uno desconoce. La universidad es un espacio social y político que produce conocimiento y que, sobre todo en escuelas de educación, forma al profesorado que más tarde se hace parte de estas dinámicas de asimilacionismo cultural, lo que sin duda complejiza negativamente el problema y no aporta a su resolución. El espacio de reflexión de la educación superior tiene una responsabilidad pública y social que es aportar a la erradicación de la violencia simbólica, para eso las y los intelectuales deben dar apertura al espacio de debate, la academia debe poner una silla en la mesa para quienes pertenecen a grupos culturales alternos y no rodearlos o escucharlos eventualmente solo como objetos de investigación.
¿Cómo aportamos a esta tarea? Las universidades deben tener un enfoque de educación intercultural en su proyecto formativo, donde la convivencia entre culturas diferentes no sea razón de conflicto sino una ocasión para complejizar positivamente las relaciones humanas, donde se respete la autenticidad y se rechace el asimilacionismo, donde la identidad de los sujetos se respete y también su derecho de elegirla. Esto es fundamental para el avance en la comprensión de la sociedad global y local, y es indispensable en la formación del profesorado, debido a que las y los estudiantes que habitan el espacio universitario hoy, representan a las generaciones futuras que deben impugnar la violencia epistémica que se ha anclado en los espacios de enseñanza.
La interculturalidad, como sistema relacional experienciado en vez de simple recurso discursivo, requiere para existir de la subversión de sistemas de hegemonía racializados que sostienen la colonialidad de las relaciones institucionales, de los currículums universitarios, y del sentido común. El acto inicial para conseguir esta subversión es la inclusión, en igualdad de condiciones, de personas que pertenecen a culturas y grupos no hegemónicos en los espacios en los que se decidirá como debiese ser una educación superior intercultural. La interculturalidad, como proyecto de superación de la violencia física, política y epistémica que ha caracterizado el tratamiento del pueblo mapuche y los pueblos indígenas en general, pierde sentido si quienes la diseñan, quienes establecen “las reglas del juego” sobre qué es y cómo se hace la interculturalidad, lo hacen desde una experiencia en la que muchas de estas violencias son invisibles.
El poder político de la educación se debe emancipar del modelo de universidad que legitima hegemónicamente el conocimiento, misma razón por la que éste no se puede privatizar, mercantilizar y mucho menos continuar anquilosado en debates intelectuales infértiles que excluyen a los protagonistas de los procesos sociales. La invitación para las instituciones de educación y específicamente las universidades formadoras de profesores y profesoras, es a repensar e incluso refundar los espacios que se han construido para estudiar, debatir y reflexionar sobre el conflicto chileno-mapuche, observar si hemos considerado una ética intercultural en su tratamiento y evaluar la forma en que se configura su conocimiento.
Natalia Contreras Quiroz es profesora de Historia y Geografía por la Universidad Católica Silva Henríquez, académica e investigadora en Educación de la Ciudadanía. Actualmente cursa un Doctorado en Educación en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.
Sofía Druker Ibáñez es antropóloga por la Universidad Austral de Chile, académica e investigadora en diversidad y educación, interculturalidad y transdisciplina. Actualmente cursa un Doctorado en Educación en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.
