“Una mirada analítica, que invita a reflexionar en torno al proyecto de ley de universidades estatales” señala la presentación del artículo que publicó recientemente el contralor interno de la UMCE, Osvaldo Garay, en la página web del Instituto Chileno de Derecho Administrativo (disponible en http://ichda.cl/wp-content/uploads/2017/12/Notas-sobre-el-Proyecto-de-Ley-sobre-Universidades-Estatales.pdf)
Según expresa el texto, dicho el proyecto de ley “dota de opacidad a las Universidades del Estado, haciendo peligrar la imagen, prestigio y calidad de la Educación Superior de las Instituciones del Estado”, esto en relación a los aspectos relacionados con control y transparencia del uso de sus recursos y en la ética de la función pública.
A su vez, identifica como un ‘peligro’ el “relevar del control previo y sustituirlo por un control posterior (…) pudiendo generar un perjuicio patrimonial irreversible para el Estado y sus Universidades, tal como ha sido de conocimiento de la opinión pública en algunos casos de las FFAA y Carabineros”.
Añade que “la idea de flexibilizar el control a priori, con el fin de igualarlas en condiciones con las Universidades Privadas, para poder competir en el mercado de la Educación es un camino demasiado peligroso, pues las autoridades de las primeras siempre serán sujeto activo de delitos propios de los funcionarios públicos”.
Otras de las observaciones del especialista se refieren a la participación triestamental. Esto, luego de la positiva a experiencia en las elecciones de Departamentos Académicos desde el año 2016, “exitosa y reconocida internacionalmente, pues los beneficios han sido de diversa índole. Ha descomprimido los focos de tensión e injusticia, transparentando la gestión, posibilitando además un mayor control, participación y sentido de pertenencia de todos los estamentos, de conformidad con la ley N°20.843”.
Al respecto, insiste que “el actual artículo 17° de proyecto, atentaría en contra del principio de la triestamentalidad, ya que el Rector o Rectora, sería elegido de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley 19.305. No obstante tendrían derecho a voto todos los académicos sin distinción de jerarquías. Como resulta de suyo evidente, la elección de Rector/a, tal como lo propone el proyecto de ley y sus indicaciones, constituye una especial limitación al ejercicio de la autonomía institucional en la forma en que está consagrada en nuestro ordenamiento jurídico (y) constituye una especial limitación al ejercicio de la autonomía institucional en la forma en que está consagrada en nuestro ordenamiento jurídico.
Es contradictorio, agrega, “reconocer el derecho que tiene la Comunidad Universitaria para elegir a sus autoridades, para luego limitarlo exclusivamente al estamento académico, impidiendo el libre y legítimo ejercicio de la participación del resto de los otros estamentos”.
A su vez, el inciso final del artículo 10 del proyecto en análisis, afecta el principio de autonomía universitaria, “al discriminar quienes podrían ostentar la calidad de Presidente del Consejo Superior, impidiendo que los miembros internos de la Universidad puedan revestir tal calidad. No se advierte la razón o fundamento de tal discriminación, sobre todo teniendo presente que el mismo proyecto en su artículo 2 reconoce y ampara la autonomía universitaria y el artículo 5 establece el principio de la no discriminación, entre otros, como guía de acción de las Universidades del Estado”.
Según explicó el propio contralor, el Instituto Chileno de Derecho Administrativo actualmente está presidido por el ministro del Tribunal Constitucional, Domingo Hernández E., y su página web es de consulta frecuente por parte de legisladores, Ministros de la Corte Suprema y la misma Contraloría General de la República.
Artículo completo en: http://ichda.cl/wp-content/uploads/2017/12/Notas-sobre-el-Proyecto-de-Ley-sobre-Universidades-Estatales.pdf
