El 19 de enero, entre las 10:00 y las 13:00 horas, en el Auditorio de la Contraloría General de la República, se llevó a cabo el taller de retroalimentación de cumplimiento de la Ley 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y discriminación de género en la Educación Superior, actividad organizada y convocada por la Superintendencia de Educación Superior que contó con la presencia de Angélica Marín Díaz, coordinadora de la Oficina de Género y Sexualidades UMCE, y de Karina Salas Fuentealba, abogada de la Oficina.
A este taller fueron invitadas todas las instituciones de educación superior en tres fechas distintas. El turno de la UMCE correspondió al 19 de enero, junto a la Universidad de Talca (representada por Natalia Véliz, directora de Género), UTEM (representada por Claudia Ormazabal, directora del programa de género y equidad y la profesional Macarena Jofré) y PUC (representada por Carolina Muñoz).
Para Angélica Marín, “el taller permitió conocer y compartir aspectos prácticos de los modelos de prevención y del modelo de Investigación y sanción que señala la ley 21.369. En este sentido, lo presentado por la SES aporta a focalizar y mejorar la intervención de las instituciones de educación superior”.
La invitación de la SES surge en el marco de la retroalimentación realizada por dicha superintendencia a los establecimientos de educación superior para el cumplimiento de la ley 21.369, proceso iniciado en noviembre de 2023 para apoyar a todas las instituciones en el correcto cumplimiento de esta ley. El taller tuvo por finalidad transmitir los principales criterios conforme a los cuales la División de Supervisión efectuó observaciones y recomendaciones a las políticas de género y modelos de prevención y de sanción que exige la ley 21.369. Asimismo, recibir y aclarar dudas respecto a las observaciones de la División y compartir las diversas experiencias institucionales a razón de la implementación de la ley.
Cabe recordar que la finalidad de esta ley es construir espacios seguros y libres de acoso, violencia y discriminación de género en las comunidades universitarias del país y que, en el caso de la UMCE, además es regulada en conjunto con la Política de Género que rige a la universidad. La importancia de esta ley radica, entre otros, que consagra el derecho de toda persona a poder desempeñarse en espacios libres de acoso sexual, violencia de género y discriminación de género, en el ámbito de la Educación Superior y, para ello, las Instituciones de Educación Superior tienen el deber de adoptar e implementar políticas integrales para la prevención, investigación, sanción y erradicación de estas conductas.
