Representantes de Direcciones y Oficinas Género, Diversidad e Igualdad de catorce universidades emitieron una declaración pública conjunta para expresar su preocupación y desaprobación del fallo del pleno de la Corte Suprema, que revirtió la destitución del administrador zonal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial Alex Muñoz Prado por acoso sexual hacia cinco funcionarias, determinado inicialmente por la Corte de Apelaciones de Copiapó.
A juicio de las profesionales “es un revés para los derechos humanos de las mujeres y una preocupante forma de conceptualizar el acoso sexual” que “contraviene los tratados internacionales suscritos por Chile, constituyendo una violación a los derechos fundamentales de las mujeres”.
La declaración sostiene que “el acoso sexual es una manifestación de violencia especialmente grave dado que se trata de una conducta pluriofensiva que es capaz de vulnerar varios derechos fundamentales”, y que así “lo vivenciaron las cinco funcionarias que denunciaron a Muñoz Prado, quienes detallaron una serie de actitudes cometidas por el administrador judicial, reflejando un ámbito de trabajo hostil y perturbador para su dignidad”.
Esta decisión, aseguraron las especialistas “también se contrapone a los esfuerzos legislativos que buscan avanzar hacia normativas que reconozcan y garanticen los derechos fundamentales de las mujeres, (…) fragiliza los procesos de institucionalización de género iniciados por diversas universidades, incorporando este enfoque en la gestión y avanzando en normativas y acciones de prevención destinadas a contrarrestar la discriminación y violencia que afecta a las mujeres en el ámbito de la educación superior”.
Consideraron la acción judicial “desconectada de los procesos transformadores por los que atraviesa el país y el mundo, liderados por una serie de demandas vinculadas a los movimientos de mujeres y feministas, que en 2018 instalaron en la agenda pública el acoso sexual en el ámbito universitario y que de manera reiterada alertan sobre cómo estos fallos limitan el derecho de acceder a la justicia y a la tutela judicial efectiva de los derechos de mujeres, al no incorporar la perspectiva de género como un elemento integrante de justicia material”.
Finalmente, declararon su “preocupación por el impacto público de esta decisión y desaprobamos las mínimas medidas sancionatorias adoptadas por la Corte Suprema que revictimiza a las denunciantes, reafirmando que no cejaremos en el empeño de trabajar en pos de la construcción de una igualdad de género sustantiva entre las personas al interior de nuestras instituciones”.
Karin Baeza Vásquez. Directora de Género, Diversidad y Equidad, Universidad de Santiago de Chile
Tamara Castillo Ordenes e Iván Martínez. Oficina de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género, Universidad de Atacama
Karen Jacob Chung. Directora de Equidad de Género y Diversidad, Universidad Arturo Prat
Rosario García-Huidobro Munita. Directora de Igualdad de Género, Universidad de Los Lagos
Mariana Gaba. Directora del Departamento de Género, Universidad Diego Portales
Fancy Castro Rubilar. Coordinadora del Proyecto de Géneros y Equidad, Universidad del Bío-Bío
Angélica Marín Díaz. Secretaria Ejecutiva de la Oficina de Género y Sexualidades, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
Javiera Arce Riffo. Secretaria Ejecutiva de la Unidad de Igualdad y Diversidad, Universidad de Valparaíso
Sintia Orellana Yévenes. Directora de Género, Equidad y Diversidad, Universidad de Magallanes
Vanessa Jara Labarthé. Directora Equidad de Género, Universidad de Tarapacá
Ana Karina Timm Hidalgo. Directora de Equidad de Género e Igualdad, Universidad de Playa Ancha
Bárbara Eytel Pastor. Directora de Equidad de Género, Universidad de La Frontera
Karla Escobar Martínez. Programa de Género y Equidad, Universidad Tecnológica Metropolitana
Mireya Palavecinos. Universidad de la Frontera. Académica, integrante del Consejo Universitario
