Lunes, 10 Enero 2022 16:00

Por el derecho a la educación: UMCE apoya iniciativa popular de norma que garantiza una educación pública estatal-comunitaria en la nueva Constitución Destacado

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La propuesta busca conseguir 15 mil firmas digitales antes del 1 de febrero de 2022, para que sea considerada en la discusión de la Convención Constitucional.

Más de 20 experiencias y organizaciones educativas de diversos territorios hacen un llamado a conocer, difundir y firmar por la Iniciativa Popular de Norma Nº 10.898 “Por el derecho a la educación. Construyendo un sistema plurinacional de educación pública estatal-comunitaria” para que sea considerada en la discusión de la Convención Constitucional. La UMCE, a través de la Rectora, Elisa Araya Cortez se sumó al apoyo a esta propuesta, en cuya elaboración participan también estudiantes, ex estudiantes, académicos y académicas de nuestra Universidad

"Tenemos el diagnóstico que durante más de 40 años la educación pública estatal ha tenido detrimento muy importante, porque ha sido abandonada por parte del Estado, haciendo de la competencia y de un financiamiento compartido las palancas de la privatización. Creemos que es necesario reconstruir un sistema público, comunitario y estatal que vaya en favor de las personas que más necesitan la educación como una herramienta de justicia social y de superacion, por ejemplo, de la pobreza y la marginación. Llamamos a sumarse a esta iniciativa popular. Tu firma es muy imporante", indicó la Rectora.

La articulación de Organizaciones Educativas por el Derecho a la Educación –espacio que reúne a más de 20 organizaciones de diversos territorios del país vinculadas al mundo educativo– ha elaborado esta propuesta (que se puede apoyar con su firma digital ingresando aquí), la cual buscó sintetizar parte importante de las demandas históricas, fruto de grandes movilizaciones, que por más de una década los movimientos sociales educativos han levantado. Se trata de la lucha por resignificar y reconstruir la Educación Pública del país, con miras de que sea un sistema que contribuya en dignificar la vida de sus habitantes.

Esta IPN parte del diagnóstico de que en Chile por más de 40 años se ha implementado un modelo que ha provocado una crisis profunda en nuestro sistema escolar, reflejada en la “desigualdad (educación para ricos y educación para pobres), calidad educativa (afectada por esta desigualdad y falta de condiciones adecuadas) y sentido de la educación”. Según señalan en su propuesta, en el “centro de esta grave crisis” está “la destrucción del sistema de educación pública” con cada vez menos matrícula y financiamiento, lo cual contrasta con la importancia que a nivel internacional se da a la Educación Pública, al considerarla como un espacio indispensable para el desarrollo de los países.

Desde este diagnóstico, esta Articulación de Organizaciones Educativas señala que la educación pública debiera ser “un sistema articulado y colaborativo en todos sus niveles, con un fuerte componente estatal en su garantía y provisión y con una plena participación de las comunidades educativas y territoriales en el ejercicio del derecho a la educación”. También reafirman la necesidad de “reconstruir un sistema público de educación que ponga en su centro al desarrollo de todas las capacidades de las personas sin distinción de sus condiciones económicas, sociales y culturales, y que cuente con plena participación de las comunidades en el ejercicio del derecho a la educación”.

Con estos planteamientos como fundamento central, en la IPN proponen que la Constitución debe asegurar:

  • El Derecho a la Educación a lo largo de toda la vida y el rol del Estado en su provisión y garantía.
  • Los principios educativo-pedagógicos que establecen el derecho a una experiencia común y expansiva para todos y todas las niñas, niños, jóvenes y personas adultas del país.
  • El sistema a través del cual se implementa el resguardo del derecho a la educación. Un sistema Plurinacional de Educación Pública Estatal y Comunitaria con un financiamiento basal.
  • El derecho garantizado de las personas, familias y comunidades a participar en el proceso educativo.
  • La libertad de enseñanza y aprendizaje como garantía de diversidad y el derecho a elegir establecimientos por parte de las familias y cuidadores, de acuerdo con lo señalado en los tratados internacionales.
  • El derecho de docentes y trabajadores y trabajadoras de la educación a condiciones dignas de trabajo para poder cumplir su rol fundamental en la garantía del derecho a la educación.

La propuesta de IPN se elaboró revisando colectivamente diversas experiencias constitucionales de otros países, tratados y acuerdos internacionales que aluden a educación, y los antecedentes científicos de la investigación educativa actualizada en Chile, América Latina y en el mundo, pero, sobre todo, fue elaborada considerando las propuestas realizadas por diversas instituciones y organizaciones educativas chilenas durante los últimos 20 años, además de la experiencia real y cotidiana de educadores/as, estudiantes y las comunidades que trabajan día a día por construir una educación digna y emancipadora en diversas partes del país.

Por tales razones, esta Articulación de Organizaciones Educativas por el Derecho a la Educación hace el llamado a conocer y firmar por la IPN presentada, ya que se necesita conseguir más de 15.000 firmas digitales antes del 1 de febrero del 2022 para que esta propuesta pueda ser considerada en la discusión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional.

Quienes deseen respaldar esta propuesta, deben ingresar en el siguiente enlace: https://iniciativas.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/o/10898

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