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Lunes, 16 Agosto 2021 21:38

Declaración del Centro de Investigación en Educación para la Justicia Social: El derecho al uso de la lengua propia Destacado

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Declaración del Centro de Investigación en Educación para la Justicia Social: El derecho al uso de la lengua propia Crédito foto: chileconvencion.cl

Declaración de la línea de Educación Indígena del Centro de Investigación en Educación para la Justicia Social (CIEJUS), del cual la UMCE forma parte.

Para muchos de los que estamos atentos al desarrollo de la Convención Constitucional, símbolo del nuevo país que queremos construir, ha sido muy lamentable ver cómo se ha cuestionado el uso de las lenguas indígenas en el desarrollo de la asamblea. Estos hechos no solo demuestran un desconocimiento del marco normativo-jurídico internacional, que consagra, promueve y garantiza los derechos lingüísticos, y de las políticas públicas que propician el reconocimiento, respeto y valoración por las lenguas de los pueblos originarios; sino que son consistentes con la mirada y prácticas racistas de un sector de la sociedad chilena. Se trata de una minoría estridente que insiste en ignorar los derechos. ¿De qué sirve que idiomas como el mapuzugun sean utilizados en carteles para los consultorios públicos, escuelas o en el aeropuerto?, ¿es que el discurso de la interculturalidad solo es un instrumento para agradar a la opinión pública internacional?

En el caso del pueblo Mapuche en particular, el uso del idioma propio ha estado presente en los diálogos, tanto con la administración colonial española como con el Estado chileno. De hecho, la función de intérpretes en situaciones públicas como juicios, se mantuvo hasta bien avanzado el siglo XX. Fue la visión evolucionista que intentaba “incorporar a los indígenas a la civilización”, por medio de la chilenización, la que fue extinguiendo los idiomas de los diversos pueblos que habitan este territorio. Proceso colonial que, en su afán civilizatorio, fue acompañado de violencia, racismo, despojo, apropiación de tierras, empobrecimiento, entre otros aspectos, donde la discriminación y negación de las lenguas y culturas originarias constituyó una expresión más del mismo.

El Estado de Chile, en sus diversos gobiernos desde Patricio Aylwin hasta la fecha, ha implementado programas de Educación Intercultural (PEI), orientados a valorar y (re)vitalizar las lenguas originarias en las escuelas y jardines; demanda histórica que los propios pueblos originarios han impulsado. Sin embargo, estas políticas han sido cuestionadas por ser más una imposición de elementos culturales que el diálogo sincero e intercultural (realmente intercultural) con las comunidades locales, incluyendo el idioma, que en cada territorio tiene sus particularidades. Más aún, dichas políticas continúan vulnerando los derechos lingüísticos y culturales. Un ejemplo concreto es que, la actual asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales no es obligatoria en todos los establecimientos educacionales; sino que se sigue insistiendo en la necesidad de ser implementada solo en aquellas escuelas que presentan una matrícula de población indígena, al menos de un 20%. En este sentido, la comprensión de esa ‘supuesta interculturalidad’, lejos de promover y garantizar derechos, sigue profundizando la idea de que las personas indígenas son las que requieren desarrollar competencias interculturales. ¡Qué más interculturales que los pueblos originarios! Lo realmente urgente es que la sociedad en su conjunto comprenda que su composición se caracteriza por la coexistencia de pueblos naciones, con sus lenguas y culturas, y que esa diversidad constituye una riqueza; por tanto, es absolutamente necesario avanzar hacia la construcción de una sociedad que desarrolle habilidades sociales para establecer relaciones de respeto hacia la diversidad. Un aspecto central para que ello ocurra es reconocer las relaciones de poder y los procesos sociohistóricos que han definido la relación entre el Estado y las naciones originarias.

Es por esto que hacemos un llamado no solo a los y las constituyentes, sino que a la ciudadanía en general, a construir un nuevo país basándonos en el reconocimiento y respeto efectivo de nuestras diferencias culturales, y a retomar el derecho (sustentado en los Derechos Humanos y tratados internacionales) que tienen los pueblos originarios a hablar su propia lengua, tanto en la escuela, en los tribunales, en el congreso, o donde sea.

Agosto de 2021

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Natalia Bobadilla Zúñiga

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