En el marco del desarrollo del proceso de construcción de normas, la educación es uno de los grandes temas que se comenzarán a debatir en las próximas semanas al interior de la Convención Constitucional. En este contexto, el CUECH ingresó dos propuestas de normas a la Plataforma de Iniciativa Popular habilitada para recibir ideas emanadas desde la ciudadanía.
Las propuestas presentadas apuntan hacia la consagración del derecho a la educación pública, gratuita y transversal; a la descentralización del sistema y la búsqueda de una relación de trabajo colaborativo entre los planteles públicos y otros organismos estatales.
Según explicó la Rectora de la UMCE, Elisa Araya, a través de estos documentos "han sido acogidos los aportes planteados en cada una de las universidades, para proponer al país estas iniciativas a las que invitamos a sumarse, a difundir y firmar, porque representa lo que por tantos años hemos luchado: la educación pública de calidad, universal, inclusiva y para todos y todas las personas que habitan este país".
En palabras del Presidente del Consorcio, Ennio Vivaldi, “la nueva Carta Magna es un oportunidad inigualable para que la educación pública recupere el lugar central que le fue arrebatado por la dictadura. Estas dos iniciativas, para las cuales pedimos el apoyo de la ciudadanía, apuntan a fortalecer la educación pública y a respaldar el trabajo que las universidades del Estado hacen por el país”.
La primera propuesta está directamente relacionada a la consagración de derechos fundamentales en el texto constitucional y busca que éste establezca de forma concreta y explicita el derecho a la educación superior pública, gratuita, laica y de calidad. Este derecho debe materializarse a través de la provisión gratuita de educación en un conjunto de instituciones estatales financiadas mayoritaria o completamente mediante aportes basales del Estado. Esta educación, agregó la autoridad de la UMCE, “tendrá una vocación de servicio público, será democrática, inclusiva y ambientalista. También resguardará la idea de que los padres son los primeros educadores, pero es el Estado el que se hace cargo de la formación integral de ciudadanas y ciudadanos”.
La segunda norma presentada se enfoca en un ajuste estructural que requeriría la orgánica de educación superior, garantizando la existencia de al menos una universidad estatal por cada región del país, así como el fomento de una relación preferente de las Universidades del Estado con las demás instituciones públicas: “Estará directamente relacionada con el desarrollo local, regional y nacional; tendrá autonomía financiera, académica y estará vinculada preferentemente con la creación, desarrollo, experimentación y evaluación de políticas públicas qué impulsen el desarrollo del país”, aseguró la Rectora Elisa Araya.
Desde el Cuech, la Directora Ejecutiva Alejandra Contreras señala que “estas propuestas de norma apuntan no sólo a resolver un problema de acceso y calidad, que es un reclamo ciudadano que lleva décadas; sino también a redefinir el rol de las universidades del Estado en el contexto de crecimiento y desarrollo del país impulsado por la nueva Constitución”.
Ambas propuestas fueron ingresadas esta semana y para lograr formar parte del debate oficial de la Convención y ser votadas, necesitan reunir -al menos- 15 mil firmas cada una. Contreras enfatiza en la urgencia que este apoyo ciudadano requiere: “son dos normas absolutamente fundamentales para la consagración del derecho a la educación en la nueva constitución, y alcanzar las firmas es el primer paso hacia esa garantía”.
El plazo para conseguir dicho apoyo finaliza el próximo 1 de febrero. Las normas sintetizadas y explicadas en detalle están disponibles en Iniciativa Popular de Norma Nº 36.582 y en Iniciativa Popular de Norma No 36.618.
