Un análisis del proceso de construcción e implementación del trayecto legislativo y la entrada en vigencia de la Evaluación Nacional Diagnóstica (END), desde la perspectiva de sus propios actores sintetiza el artículo “¿Hacia una Formación Inicial Docente de calidad? La Evaluación Nacional Diagnóstica en las voces de actores partícipes del proceso de redacción e implementación de la Ley 20.903”, recientemente publicado por Francisca Donoso, socióloga y encargada de estudios del Centro de Acompañamiento al Aprendizaje de la UMCE.
El trabajo, elaborado en conjunto con Andrea Ruffinelli, del Departamento de Política Educativa y Liderazgo Escolar de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, fue publicado en el último número de la Revista de Estudios y Experiencias en Educación (ver) y forma parte de una indagación del componente vinculado a la FID de la Ley 20.903 que regula la formación en las carreras de pedagogía.
La investigación de centra en mecanismos de mejora de la calidad de la formación docente presentes en este instrumento de evaluación. Mediante un análisis cualitativo, el artículo recopila la perspectiva de actores que se desempeñan o desempeñaron en entidades estatales claves en el proceso de redacción y entrada en vigencia de la ley.
Entre sus resultados, las autoras afirman “la poca claridad que hay respecto a este instrumento y su efectiva capacidad de evaluar aquello que declara. Independientemente de lo adecuado o inadecuado que pueda considerarse el sustento teórico tras este tipo de política, y si se está o no de acuerdo con que este sea el mecanismo adecuado para lograr formar profesores “de calidad”, se observa que, en la práctica, algunos elementos básicos para que el mecanismo ideado funcione se encuentran ausentes de su implementación”.
Sostienen además que “si bien es posible valorar que esta ley otorga mayor injerencia al Estado en un país donde éste ha tenido escaso protagonismo en materia educativa durante las últimas décadas, el avance se vislumbra como insuficiente no solamente desde el punto de vista de la teoría que lo sustenta, puesto que existe evidencia de las problemáticas que las evaluaciones estandarizadas han ocasionado en la política educativa en Chile, sino que además no se observan ciertos elementos necesarios para que el mecanismo en sí pueda funcionar desde su propia lógica”.
Destacan que “pareciera ser que el principal foco de mejora se vislumbra en el ajuste de los planes y programas de estudio, a lo cual subyace un importante peligro: que las instituciones formadoras implementen mejoras solo en base a esta evaluación, lo cual implica atender solo los aspectos evaluados en ella, desencadenando el estrechamiento curricular reportado como consecuencia habitual de este tipo de políticas”.
Las autoras atribuyen “insuficiencia de la END para evaluar el proceso formativo en toda su complejidad, y se evidencia el riesgo latente de que se transforme en un instrumento regulador performativo que podría incentivar a las universidades a poner énfasis en los conocimientos teóricos de los estudiantes en ciertos estándares que son evaluados en el instrumento y otros, vinculados fundamentalmente al ejercicio de la docencia en aula, podrían quedar relegados a un segundo plano”.
Esta investigación formó parte del trabajo de tesis de Francisca Donoso, para su Magíster en Política Educativa de la UAH, que contó con financiamiento del proyecto Fondecyt N° 1170477 "La gubernamentalidad del sistema educacional chileno y su dispositivo evaluador: redes de producción, decisiones controversiales y efectos performativos (1968-2019)", a cargo de Claudio Ramos (investigador responsable) y Alejandra Falabella (co-investigadora).
